Los derechos digitales

La Ley Orgánica 3/2018 no se limita a desarrollar el Reglamento europeo: su Título X (artículos 79 a 97) añade un catálogo propio de derechos digitales que el RGPD no contiene. Es la aportación más original de la ley española, y la Constitución los ampara a través del artículo 18.4.

El bloque de la red abre con dos derechos de infraestructura: la neutralidad de internet, que obliga a los proveedores a dar un trato equitativo al tráfico sin discriminar por contenido o servicio, y el acceso universal, que exige un acceso asequible, de calidad y no discriminatorio, con atención especial a la brecha de género y a los territorios despoblados.

Le siguen la seguridad digital (derecho a que las comunicaciones estén libres de virus y programas espía), la educación digital como parte del sistema educativo, y la protección específica de los menores: los centros deben formar en el uso responsable y los progenitores velar por que la publicación de imágenes de sus hijos no vulnere sus derechos.

El bloque laboral es el más preguntado. La desconexión digital garantiza el descanso fuera de la jornada: la empresa debe elaborar una política interna previa audiencia de los representantes. La intimidad ante los dispositivos exige fijar criterios de uso de los medios que la empresa entrega; el acceso a su contenido solo cabe para controlar el cumplimiento laboral o garantizar la integridad de los equipos.

La videovigilancia laboral permite usar las cámaras para el control del trabajo si se informó previamente y de forma expresa, clara y concisa; en caso de flagrante delito basta el cartel general del artículo 22. La geolocalización de vehículos y dispositivos sigue la misma lógica: informar antes, de forma expresa e inequívoca. Y los sistemas de registro de jornada no pueden desviarse a otros fines.

El derecho al olvido se concreta en dos escenarios: frente a los buscadores, para que dejen de indexar resultados obsoletos o irrelevantes al buscar por el nombre de la persona, y dentro de las redes sociales, para obtener la supresión de lo que uno mismo publicó o de lo que publicaron terceros sobre uno. La portabilidad en redes permite llevarse los contenidos a otro servicio.

El testamento digital resuelve qué pasa con la huella en internet al morir: los herederos y las personas vinculadas pueden acceder a los contenidos del fallecido y pedir su rectificación o supresión, salvo que el difunto lo hubiera prohibido expresamente. El fallecido no es «interesado» del RGPD, así que sin esta previsión no habría vía.