Las fuentes del Derecho

Las fuentes del ordenamiento jurídico español son tres: la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. El orden en que se enuncian no es casual, porque marca también el orden en que se acude a ellas.

Ley, costumbre y principios generales del Derecho: esas tres, y en ese orden.

La jurisprudencia no es una de las tres fuentes: complementa el ordenamiento jurídico. La forma la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

Los dos requisitos van siempre juntos y es donde se falla: tiene que venir del Tribunal Supremo, y tiene que ser reiterada. Una sola sentencia, por muy alta que sea la instancia, no hace jurisprudencia.

Tribunal Supremo y de modo reiterado. Si falta cualquiera de las dos condiciones, no hay jurisprudencia.

La Constitución es la fuente suprema del ordenamiento jurídico: por encima de ella no hay nada, y ninguna norma puede contradecirla.

La ley es la norma escrita que expresa el mandato de la soberanía popular a través del Parlamento. Ahí está la razón de su fuerza: no en su contenido, sino en quién la aprueba y en nombre de quién.

Salvo que se indique lo contrario, las leyes entran en vigor a los veinte días naturales de su completa publicación. Ese periodo existe para que quien debe cumplir la norma tenga ocasión de conocerla antes de quedar obligado por ella.

Veinte días naturales desde la publicación completa, salvo indicación en contra. La propia Constitución fue una de esas excepciones: entró en vigor el mismo día de publicarse.

La diferencia entre los dos nombres no es de trámite, es de origen, y de ahí sale la pregunta clásica.

Proyecto es del Gobierno; proposición es de todos los demás. Si el texto sale del Consejo de Ministros, es proyecto.

Aprobada la ley, el Rey dispone de quince días para promulgarla, y debe ordenar su inmediata publicación. Aquí no hay margen de decisión: es un acto debido, coherente con una Monarquía parlamentaria en la que el Rey no gobierna.

Quince días para promulgar, más los veinte días naturales de vacatio legis desde la publicación. Son dos plazos distintos y consecutivos.

Las leyes del Estado nacen de las Cortes Generales, que son quienes tienen la potestad legislativa del Estado. Se dividen en dos clases que se diferencian por la materia y, en consecuencia, por la mayoría que exigen.

El detalle que más se falla es doble. Primero, que la mayoría absoluta de la orgánica se exige solo en el Congreso: en el Senado basta la simple también para ellas. Y segundo, que esa votación es sobre el conjunto del proyecto, no artículo por artículo.

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado son leyes ordinarias, aunque tengan un proceso específico de tramitación. Su nombre solemne no las convierte en orgánicas.