El Tribunal Constitucional

El Título IX de la Constitución desarrolla la composición y las competencias del Tribunal Constitucional, que además está regulado por ley orgánica. Es un órgano independiente: no forma parte del poder judicial ordinario y no depende de ninguno de los tres poderes clásicos.

Esa independencia explica todo lo demás. Si un órgano puede anular una ley aprobada por el Parlamento, su composición tiene que estar repartida entre poderes: de lo contrario, la mayoría de turno podría rehacerlo a su medida.

El Tribunal no resuelve siempre con sus doce miembros. Trabaja en tres formaciones de tamaño decreciente, y así puede reservar el Pleno para lo más importante sin atascarse con los asuntos más numerosos.

Los doce miembros los nombra formalmente el Rey, pero los propone cuatro órganos distintos, uno por cada poder del Estado. Ese reparto es deliberado: ninguno controla por sí solo la composición del Tribunal.

Las mayorías de tres quintos no son un capricho: obligan a que las propuestas se pacten entre varias fuerzas políticas, porque rara vez un solo partido llega por su cuenta a esa cifra. Tanto el nombramiento como el cese se formalizan mediante Real Decreto.

Ocho de los doce los proponen las cámaras (4 el Congreso y 4 el Senado), dos el Gobierno y dos el Consejo General del Poder Judicial.

No basta con ser propuesto. Hay que ser jurista de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, y pertenecer a alguna de estas categorías.

• Magistrados y fiscales.
• Profesores de universidad.
• Funcionarios públicos.
• Abogados.

El mandato dura nueve años, pero el Tribunal no se renueva de golpe: se sustituye un tercio cada tres años. Esa renovación escalonada evita que una sola mayoría parlamentaria pueda diseñar el Tribunal entero de una vez, y garantiza que convivan siempre magistrados nombrados en momentos políticos distintos.

Nueve años de mandato, con renovación por terceras partes cada tres años. Cada magistrado agota sus nueve años completos.

El amparo es la vía por la que se llega al Tribunal Constitucional para defender un derecho fundamental. Son susceptibles de amparo los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y en el artículo 30.2, y no otros.

La Constitución añade una precisión importante: ese amparo se reconoce sin perjuicio de la tutela general encomendada a los Tribunales de Justicia. Es decir, el amparo constitucional no sustituye a la justicia ordinaria ni la deja sin trabajo, se suma a ella.

Artículos 14 a 29 y artículo 30.2: ese es el catálogo amparable. Ni un derecho más.