La Ley de Transparencia

La norma es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Su propio título enumera ya sus tres piezas, y esa es la mejor forma de recordar de qué trata.

El objeto de la ley se declara en tres puntos, y cada uno responde a una necesidad distinta.

• Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, es decir, de las instituciones y los servicios públicos.
• Regular y garantizar el derecho de acceso a la información de la actividad pública.
• Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Las dos primeras finalidades son las dos caras de una misma moneda: la Administración publica por iniciativa propia (transparencia) y además responde cuando alguien le pregunta (derecho de acceso). La tercera cambia de destinatario: ya no mira a la información, sino a la conducta de quien manda.

La ley no se conforma con las Administraciones territoriales: persigue el dinero y la función pública allí donde estén, incluso cuando quien los gestiona tiene forma de sociedad o de fundación.

• Las Administraciones públicas: la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y las de las entidades locales.
• Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y sus entidades colaboradoras.
• Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con funciones de regulación o supervisión.
• Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de una Administración Pública, y las Universidades públicas.
• Las corporaciones de derecho público.
• La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, además del Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.
• Las sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 %.
• Las fundaciones del sector público.
• Las asociaciones constituidas por esas Administraciones, organismos y entidades.

En las sociedades mercantiles el umbral es una participación pública superior al 50 %: si es del 50 % justo, no entran por esta vía.

La ley da un paso más y alcanza a sujetos que no son sector público, pero que cumplen funciones de interés general o viven en buena medida de fondos públicos: los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.

Con las entidades privadas el criterio ya no es quién son, sino cuánto dinero público reciben, y por eso se fijan umbrales concretos. Basta con superar cualquiera de los dos.

El segundo criterio existe para no dejar fuera a las entidades pequeñas: una asociación que maneja poco dinero nunca llegaría a los 100.000 euros, pero puede depender casi por completo de la subvención que recibe, y entonces también debe rendir cuentas.

El ámbito se cierra con dos grupos más, esta vez definidos por lo que hacen y no por lo que son: las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y los adjudicatarios de contratos del sector público.

La idea de fondo es sencilla: externalizar un servicio no lo saca del control público. Una empresa que gestiona una residencia municipal o el mantenimiento de un hospital sigue estando dentro del alcance de la ley por lo que hace con dinero y competencias públicas.

Publicar no basta si lo publicado no se puede encontrar, cruzar ni reaprovechar. Por eso la ley impone tres principios técnicos a la información que se pone a disposición del público.

Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización: tres, y en ese orden.