La dependencia

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, no nace de la nada: desarrolla dos mandatos que ya estaban en la Constitución.

Los artículos 49 y 50 se refieren a la atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores, y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. La ley de 2006 es el instrumento con el que ese encargo se convierte en derechos exigibles.

Los dos conceptos que sostienen la ley son opuestos, y por eso se definen en paralelo. Uno describe una capacidad; el otro, un estado.

La dependencia es un estado permanente y exige dos piezas encadenadas: una causa (edad, enfermedad o discapacidad) y la falta o pérdida de autonomía que de ella se deriva.

Las actividades básicas de la vida diaria, que se abrevian como ABVD, son las tareas elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia.

• El cuidado personal.
• Las actividades domésticas.
• La movilidad esencial.
• Reconocer personas y objetos.
• Orientarse.
• Entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

Junto a ellas la ley maneja otro concepto, las necesidades de apoyo para la autonomía personal, que son las que se requieren para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal dentro de la comunidad.

Las ABVD son la unidad de medida de toda la ley: los tres grados de dependencia se definen por cuántas veces al día se necesita ayuda para realizarlas.

Son titulares de los derechos de esta ley los españoles que cumplan dos requisitos, uno de situación y otro de arraigo.

• Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
• Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

El requisito de residencia plantea un problema evidente con los más pequeños, que no han tenido tiempo material de cumplirlo. La ley lo resuelve trasladándolo: para los menores de cinco años, el periodo de residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia.

Cinco años de residencia, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud. Los dos números caen juntos y en ese orden.

La situación de dependencia se clasifica en tres grados, y cada grado se divide a su vez en dos niveles, el 1 y el 2, en función de la autonomía de la persona y de la intensidad del cuidado que requiere.

La tabla se recuerda mejor si se ve que las dos columnas avanzan en paralelo: la frecuencia sube de una vez al día a dos o tres y de ahí a varias, y la intensidad del apoyo sube de intermitente o limitado a extenso y de ahí a generalizado. La frontera entre el grado II y el grado III está en el apoyo permanente: en el II no se requiere, en el III es indispensable y continuo.

Son tres grados y solo tres, cada uno con dos niveles. No existe un grado IV, y esa es la opción falsa que más se repite.

Las infracciones en materia de dependencia se clasifican en leves, graves y muy graves. La ley no deja esa graduación al criterio libre de quien sanciona: enumera los factores que hay que ponderar.

• El riesgo para la salud.
• La gravedad de la alteración social producida por los hechos.
• La cuantía del beneficio obtenido.
• La intencionalidad.
• El número de afectados.
• La reincidencia.

Fíjate en que conviven criterios de resultado (riesgo, alteración social, número de afectados), un criterio económico (el beneficio obtenido) y dos criterios referidos a la conducta de quien infringe (la intencionalidad y la reincidencia).