Garantías y suspensión de derechos

Reconocer un derecho no sirve de nada si no hay una vía para reclamarlo cuando alguien lo vulnera. El artículo 53 es esa vía: permite a cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos ante los Tribunales.

Esa tutela reforzada no cubre todo el Título I, sino un bloque concreto: el artículo 14, que consagra la igualdad ante la ley; la Sección primera del Capítulo II, es decir, los derechos fundamentales y las libertades públicas; y el artículo 30.2, sobre la objeción de conciencia.

Al artículo 53 le sigue una garantía de otra naturaleza: el 54 crea el Defensor del Pueblo, que vela por esos mismos derechos sin ser un tribunal. Como el programa oficial lo sitúa junto a las Cortes Generales, de quienes es alto comisionado, se estudia entero en el tema 2.

Artículo 14, Sección primera del Capítulo II y artículo 30.2. Ese es el bloque con tutela reforzada, y coincide con lo que después será amparable ante el Tribunal Constitucional.

Visto en conjunto, el artículo 53 dibuja tres niveles de protección, y distinguirlos es una de las preguntas más repetidas de este tema:

El artículo 55 permite suspender temporalmente algunos de los derechos más protegidos (los de la Sección 1ª) cuando se declara el estado de excepción o el de sitio. Nunca en el de alarma: en alarma los derechos se pueden limitar, pero no suspender. Los suspendibles son:

• La libertad y seguridad personal (artículo 17), incluidos los plazos de detención.
• La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (18.2 y 18.3).
• La libre elección de residencia y la libertad de circulación (19).
• Las libertades de expresión e información y la garantía frente al secuestro de publicaciones (20.1.a, 20.1.d y 20.5).
• El derecho de reunión (21).
• El derecho a la huelga y a las medidas de conflicto colectivo (28.2 y 37.2).

Hay un límite que la Constitución protege incluso dentro de un estado de excepción: no puede suspenderse el derecho del detenido a ser informado de los motivos de su detención ni la asistencia de abogado (artículo 17.3). Es la excepción dentro de la excepción, y solo cae en el estado de sitio.

Los tres estados del artículo 116, desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, son la respuesta del Estado a tres tipos de crisis de gravedad creciente. La comparativa de quién los declara y por cuánto tiempo es un clásico absoluto de examen, porque cada estado sigue una mecánica distinta:

Tres reglas comunes completan el cuadro: la declaración de cualquiera de los tres estados no interrumpe el funcionamiento normal de los poderes del Estado; mientras estén vigentes no puede disolverse el Congreso; y su vigencia no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.