La Corona

El artículo 56 define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales. Es la aplicación práctica de la «Monarquía parlamentaria» del artículo 1.3: el Rey representa y modera, pero no decide políticamente.

Esa idea se traduce en dos garantías jurídicas concretas. Primero, la inviolabilidad: el Rey no puede ser detenido y no está sujeto a responsabilidad. Segundo, el refrendo: todos los actos del Rey tienen que ir firmados por otra autoridad, que es quien asume la responsabilidad política de ese acto («de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden»). Normalmente refrendan el Presidente del Gobierno o los ministros competentes; el Presidente del Congreso refrenda casos concretos, como la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno o la disolución de las Cortes si nadie logra ser investido en dos meses.

El Rey es inviolable (no puede ser detenido ni responder de sus actos) precisamente porque todos sus actos van refrendados por otra autoridad, que es quien asume la responsabilidad en su lugar.

El artículo 62 enumera las funciones del Rey. Todas encajan en la misma lógica: son actos formales de Jefatura del Estado, nunca decisiones políticas propias.

• Sancionar y promulgar las leyes.
• Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.
• Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
• Proponer al candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo.
• Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
• Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
• Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a petición del Presidente del Gobierno, las sesiones del Consejo de Ministros.
• El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
• Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no puede autorizar indultos generales.
• El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

La Constitución separa dos figuras que se confunden con frecuencia: la Regencia (quién ejerce las funciones del Rey cuando el Rey no puede) y la Tutela (quién se encarga de la persona del Rey mientras es menor de edad). Son la función pública y la función privada, y por eso, salvo excepciones, no pueden recaer en la misma persona.

La Regencia procede cuando el Rey se encuentra inhabilitado para reinar, y eso puede ocurrir por dos causas: por ser menor de edad, o por estar incapacitado física o mentalmente.

El Regente ejerce siempre los mismos poderes que la Constitución encomienda al Rey, en su nombre, y solo mientras dure la causa que originó la Regencia. La palabra exacta importa: al Rey se le suple interinamente, no se le sustituye. Por eso la Regencia cesa en cuanto desaparece la causa que la abrió.

De ahí se sigue una asimetría que se pregunta a menudo: es posible revocar a un Regente nombrado por las Cortes, pero no al Regente legítimo, porque su cargo no nace de una decisión de las Cortes que estas puedan deshacer, sino de una previsión de la propia Constitución. Para ser Regente hace falta ser español y mayor de edad.

El Tutor, en cambio, se ocupa de la persona del Rey menor, no de sus funciones. Será tutor quien el Rey difunto hubiese nombrado en su testamento, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, lo serán el padre o la madre mientras permanezcan viudos.

La Regencia es la función pública (ejercer los poderes del Rey); la Tutela es la función privada (cuidar de su persona). La Constitución las separa a propósito.

La Corona es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos I de Borbón, y el orden de preferencia entre ellos se resuelve con cuatro reglas encadenadas: se aplican en orden y, cuando una desempata, las siguientes ya no entran en juego.

El heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, es Príncipe de Asturias. Si se extinguen todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España. Quien teniendo derecho a la sucesión contraiga matrimonio contra la prohibición expresa del Rey y de las Cortes queda excluido de la sucesión, él y sus descendientes. Y las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden sucesorio se resuelven por ley orgánica.